Los derechos de los ciudadanos en el procedimiento administrativo incluyen el derecho a ser informado sobre los actos administrativos que les afecten, el derecho a presentar pruebas y alegaciones, el derecho a recibir una respuesta motivada y el derecho a acceder a la información pública relacionada con el procedimiento.

La jurisdicción contencioso-administrativa es el ámbito judicial que se encarga de resolver las disputas entre los ciudadanos y la administración pública. Se aplica cuando un ciudadano considera que un acto administrativo viola sus derechos o es ilegal. Los casos se llevan a tribunales especializados que revisan la legalidad del acto administrativo y emiten una resolución.

Si no está de acuerdo con una decisión administrativa, puede presentar un recurso administrativo ante la entidad correspondiente. Si la resolución del recurso no es satisfactoria, puede recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa para impugnar la decisión en un tribunal. Es importante seguir los plazos y procedimientos establecidos para cada tipo de recurso.

 El derecho administrativo es una rama del derecho público que regula la organización, funciones y procedimientos de las administraciones públicas y su relación con los ciudadanos. Incluye normas sobre cómo se toman las decisiones administrativas, la regulación de servicios públicos, y los derechos y deberes de los funcionarios públicos y los ciudadanos en su interacción con el Estado.